No Confunda Democracia con Autocracia


La democracia, antigua y sublime dama de la manumisión de la expresión, es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno; o mejor dicho, es el predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.

Sin embargo, la democracia no se reduce solamente a los derechos civiles y políticos de la sociedad: las libertades de expresión, prensa, opinión, culto, asociación, elección. Tiene también que ver con la igualdad de condiciones para ejercer los derechos. Por lo tanto, de nada sirve hablar de libertad de elección, por ejemplo, cuando hay escasos niveles de educación política y pocos son los grupos que acceden a la competencia electoral. Es decir, un contexto de analfabetismo electoral no contribuye con buenas decisiones.

En este orden de ideas de nada sirve mencionar la libertad de prensa, si pueden los sujetos que componen este espectro estar expuestos a la censura previa o si los medios cierran las puertas a la diversidad de pensamiento y solo permiten que ciertas voces opinen, comenten y dirijan la información y el conocimiento.

La construcción de la democracia necesita sobrepasar las intenciones filosóficas y debe concretarse en la satisfacción de demandas concretas, y dar a luz a una sociedad más incluyente. Este es uno de los papeles más importantes de los Estados y viene siendo así desde la forma de gobierno adoptada por las antiguas ciudades-Estado griegas, donde las decisiones principales eran patrocinadas por una asamblea general de ciudadanos que encomendaban su ejecución a los magistrados.

Ya en Roma, se aportó a esta concepción política los principios jurídicos de igualdad ante la ley y de la delegación o representación de poder. Así mismo, agregaría que durante la Edad Media, la Carta Magna otorgada por Juan Sin Tierra de Inglaterra en 1215, proclamó por primera vez la exigencia de limitación del poder del monarca. A esto, complementaría que en el siglo XVIII, Locke elaboró su teoría política basándose en el derecho del hombre a elegir y controlar sus gobernantes, mientras que Montesquieu desarrolló una teoría de la división de poderes como garantía frente al abuso de al autoridad, al mismo tiempo que Rousseau aportó el componente netamente democrático de la voluntad general como única fuente legitima del poder.

Por ello de nada sirve referirse a la libertad de asociación, en la medida que una reunión sea motivo de sospecha para cualquier gobierno. Si no se hacen efectivas las libertades a plenitud, lo más probable es que no estemos en un contexto democrático.

Sin embargo, la democracia no se constituye por sí misma, ya que las iniciativas ciudadanas como la asociación de grupos en pro de mejorar aspectos de su realidad como las mingas, la seguridad preventiva y comités deportivos, entre otras, dependen de su interés y compromiso.

En un contexto de libertades democráticas, se hace más posible el desarrollo de los pueblos, mientras haya una adecuada comprensión y puesta en marcha de la igualdad de las personas, y no haya o se cataloguen sujetos de primera, segunda y tercera clases.

Precisamente, porque la democracia de nuestros pueblos ha estado últimamente pasando por un estado de agonía, es que la sociedad demanda otro tipo de democracia que no solo satisfaga los derechos civiles y políticos, sino también los sociales. Y eso no quiere decir asistencialismo, pero sí acceso a educación, salud y seguridad social… ¿Usted no está de acuerdo?

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Quieren Zaherir la Constitución


Para que sirva de un breve repaso por algunos de los diversos estatutos fisiológicos de nuestro continente, la “Constitución de Ecuador” de 2008 pasó a ser la carta magna vigente en la República del Ecuador. Esta es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta constitución la convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra norma jurídica. Proporciona el marco para la organización del Estado ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía.

Esta constitución define la separación de poderes del gobierno ecuatoriano en cinco ramas. De las cinco funciones del Estado, se conservan los tres poderes tradicionales establecidos en constituciones anteriores: la función legislativa, asignada a la Asamblea Nacional; la función ejecutiva, liderada por el Presidente de la República; y la función judicial encabezada por la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo se establecen dos nuevos poderes del Estado: la función electoral, administrada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral; y la función de Transparencia y Control Social, representada por 6 entidades: Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de Telecomunicaciones, Superintendencia de Compañías, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

No en tanto, la Constitución de 2008 pasó a ser una de las más extensas del mundo y la más larga de las cartas magnas que se han adoptado en el territorio ecuatoriano. Posee 444 artículos agrupados en los diferentes capítulos que componen los 9 títulos de la constitución. Para elaborarla, los 130 asambleístas constituyentes se instalaron en “Montecristi” el 30 de noviembre de 2007, y por ello recibió tal nomenclatura adicional.

Después de su aprobación, “La Constitución de Montecristi” pasó a ser esencialmente garantista de los derechos humanos que, según el número 6 del artículo 11, son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.

Si es así, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer deben ser ejercidos en su totalidad, con la absoluta libertad que implica responsabilidad individual y social, sin limitaciones ni coacciones legales, ni de especie alguna. Entonces cabe preguntar: ¿por qué en la Asamblea Nacional, se pretende criminalizar el derecho de la mujer al aborto, si esa es su decisión responsable y consciente?

Como intento de respuesta, debemos tener en cuenta que existen personas en todos los estratos poblacionales que, con pleno derecho, piensan y actúan con valores del pasado. Estos vivientes consideran que la mujer es un objeto sexual y reproductivo para satisfacer los intereses del hombre, que por su vez se cree muy macho si embaraza a una mujer aún en contra de su voluntad, ya sea en matrimonio, unión libre, fuera de matrimonio o con el uso de la fuerza en los innúmeros casos de violación.

Sin embargo, el número 10 del artículo 66 de aquella nombrada Constitución, garantiza a todas las mujeres ecuatorianas el “derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva, y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener”.

Pero por lo que está sucediendo ahora, se debe reconocer que la hipocresía o valores obsoletos son una realidad no superada en dicha República… ¿Acaso sus legisladores no violarían la Constitución al mantener la penalización del aborto? ¿Qué atribución tienen estos para limitar derechos y establecer sanciones penales si una mujer decide abortar?

Hay muchos que, al igual que yo, piensan que las razones sociales, económicas, culturales y de salud, deben ser consideradas para despenalizar el aborto. Y si esa es la gran mayoría, el legislador no puede, ni debe, convertirse en cómplice de la muerte de la mujer que decide abortar en la clandestinidad…

El mundo mudó y los valores y paradigmas de antaño han sido quebrados, entonces el asunto de la actualidad no tendría que ser la cuestión de penalizar, sino de educar para la sexualidad y la vida… ¿O me equivoco al pensar así?

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