Democracia Exige Justicia y Trasparencia


No juzgo necesario el hecho de tener que apelar, bajo ninguna circunstancia, a explorar los sentimientos del estimado leyente para comprender ciertos asuntos mundanos, pero siento que esta vez tengo que invocar por su altruismo y benevolencia para que consiga referirme puntualmente a dos situaciones totalmente distintas, pero que inconscientemente nos llevan hacia un mismo destino: justicia, transparencia, proporcionalidad y democracia.

La primera de las situaciones guarda relación con las últimas elecciones realizadas en Venezuela, pues allí ha sido posible advertir el choque de dos marcadas tendencias: la primera de ellas está ciertamente orientada a la defensa radical y hasta inconstitucional del sistema oficialista que, conforme a los datos del CNE, confirmaron a Nicolás Maduro como el Presidente de dicho país; y la otra, la segunda tendencia, es la que representa la necesidad ciudadana de una legitimación, en especial, porque ella surge ante la duda razonable sobre la solidez de los resultados obtenidos gracias a la existencia de más de tres mil incidentes y del abuso del poder central para manipular e irrespetar la veda electoral.

En definitiva, se sabe que esta situación ha llevado a parte de la población a solicitar el reconteo de votos para que se haga la verificación respectiva con las actas y cuadernos de votación. Esta petición, más allá de que exista norma o no que lo permita, daría paso a una tregua, pues se demostraría que el estrecho margen existente es real, y que representa fehacientemente la voluntad popular o, por el contrario, podría probar los deslices y violaciones que han terminado por manchar la democracia bolivariana. En resumen, lo que en síntesis resultaría, sería que cualquier ciudadano podría aseverar con todas las letras que, en aquella República, el elemento básico de la democracia es indudablemente la transparencia de las voluntades… Algo correctísimo.

Por otro lado, una sentencia que ha sido dictada recientemente por una irrequieta jueza de un país colindante, me induce a pensar que el principio de la proporcionalidad todavía no está siendo muy bien comprendido en la práctica forense de algunos países; más específicamente, en el caso de un asambleísta y sus dos asesores a los que se le han anulado sus derechos de gozar a pleno los beneficios de la inmunidad parlamentaria que es garantida por ley, algo que expone claramente que el rigor de la sanción otorgada desdice a un Estado que busca proteger los derechos de los ciudadanos frente al poder, y confirma la preocupación de la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH manifestada en su último informe.

En realidad, mi erudito leyente, en dicho fallo se vuelve a constatar la tendencia de una aplicación meramente formal del derecho penal, donde el test de proporcionalidad está totalmente ausente y, lo que es peor, es que no se advierte ningún acercamiento al derecho internacional humanitario.

Puede que muchos no entiendan aun, que la democracia se apoya, principalmente, en justicia y transparencia… En todo caso, sobre tales hechos, que el dilecto lector saque sus propias conclusiones…, y apúrese, antes que lo atropellen las nuevas efemérides jurídicas que han de surgir después de la reciente votación del Congreso argentino…

(*) Anímese, mi amigo lector, pues mis libros impresos o en versión e-book, ahora están disponibles a través del sitio: www.clubedeautores.com.br/carlosdelfante … ¡Ah! ¡Y gracias por adquirirlos!

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