Pronto se Vendrá el Desbarajuste


Todo aquel que se considera un atento observador sabe que el desorden en la conducta de la gente no es un hecho casual, sino mas bien el reflejo de algún conflicto que ha quedado sin solucionar en el ámbito de sus emociones. De la misma manera puede entenderse que, en la esfera administrativa de un gobierno, el desorden no es un accidente sino la consecuencia de un desajuste en el espacio de la gestión pública.

Esa irregularidad provoca una crisis cuando trastorna el funcionamiento de un sector de la administración, y esa crisis se convierte en una emergencia cuando descalabra el servicio que se presta a la población. Así ocurre en varios países de hoy con la enseñanza, cuyas autoridades debaten desde hace mucho en torno a una reforma educativa sin llegar nunca a un acuerdo, y eternizando una controversia en la que se cruzan las discrepancias de fondo con las intervenciones del Poder Ejecutivo y con las tensiones internas de los gremios.

El ciudadano que contempla ese cuadro por fuera, saca conclusiones deprimentes no sólo porque el problema afecta la formación de sus hijos y transmite una imagen de discordia en un campo tan sensible, sino porque las dificultades que allí se acumulan con el paso del tiempo, agravan la sensación ya adquirida de una enseñanza oficial tambaleante, cuyos deterioros sepultan el antiguo prestigio que tuvo.

Por un tipo de suerte -por decir así-, hay episodios pintorescos en medio del atolladero, para matizar el turbador panorama de un cuerpo docente mal remunerado, donde existen profesores en situación precaria que no cobran sus haberes desde hace un año. Uno de esos episodios es el de los aumentos (que llegan al 70%) en la retribución que obtendrán los secretarios o asesores de que disponen los miembros titulares del Consejo de Enseñanza. El dato y sus insólitos porcentajes se suman por el momento al malestar del sector, permitiendo de paso comprobar las ventajas económicas que pueden ofrecer los lazos políticos, cuando son ellos -y no los méritos curriculares- los que determinan la presencia de alguien en un cargo público.

El caso, sin embargo, ha quedado en un segundo plano porque la atención general es atraída por otra información igualmente llamativa en esta vapuleada materia. Esa información permitió saber que existen casi dos centenares de edificios de escuelas, liceos y enseñanza técnica en situación de “emergencia edilicia”, con una urgente necesidad de obras de reparación que sin embargo no se han realizado.

En la recuperación de esos locales, los trabajos están demorados por insalvables problemas burocráticos, y en un centenar de esos casos, las licitaciones correspondientes ya fueron gestionadas, aunque falta una firma para poder adjudicarlas. En otros 72 casos, las obras están adelantadas y se espera con cierto optimismo que culminen en los primeros días de marzo, aunque otros 33 casos ni siquiera han sido licitados. La situación es tan apremiante, que se contempla la eventualidad de trasladar algunos centros a otros locales transitorios, mientras la perspectiva de realizar obras con el alumnado presente, obligará además a recurrir a “técnicos prevencionistas” para enfrentar posibles accidentes dentro de escuelas en funcionamiento.

En definitiva, todo ello integra un panorama demoledor metafóricamente hablando, que debe enfrentar el gobierno con exigencias impostergables que no parece contemplar. Por ejemplo, las que deberían destrabar una burocracia impenetrable si en algún momento se pretende racionalizar la maraña administrativa, para que la simplificación de su mecanismo le permita funcionar en provecho del usuario y no de su masa de asalariados.

El ciudadano que soporta ya con una enorme presión fiscal, carga además con el lastre de esa burocracia hipertrofiada, que ha sobrevivido hasta hoy abastecida por el histórico clientelismo político y que en el campo de la enseñanza revela entorpecimientos e ineficiencias imperdonables. En ese terreno las consecuencias son más graves, porque allí se suman a la incapacidad de las autoridades para poner en marcha a la educación en tiempo y forma, sin comprometer el proceso formativo de los jóvenes, que sigue amenazado por un colapso.

De ellos no llegar pronto a un consenso, sabemos que se seguirán formado subclases de gente mal educadas o no educadas y mal alimentadas, -material y culturalmente hablando-, a las que después nos será prácticamente imposible rescatar y reeducar… Pero si no vienen rápido las respuestas, más vale encomendarnos a Dios para que cuando llegue el desbarajuste nos coja confesados… ¿No es verdad?

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